Tras 46 años exigen justicia por las atrocidades de la dictadura en el Caso Caaguazú
27 de junio de 2026 a las 05:01 p. m.
Sobrevivientes de las Ligas Agrarias Cristianas denunciaron ante la Fiscalía asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones y persecuciones cometidas durante el régimen de Alfredo Stroessner. Sostienen que se trata de crímenes de lesa humanidad que nunca fueron investigados ni castigados.
A 46 años de uno de los episodios más sangrientos de la dictadura stronista, integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público para exigir el esclarecimiento del denominado Caso Caaguazú, ocurrido en 1980, donde decenas de campesinos fueron víctimas de una brutal represión estatal que dejó asesinados, desaparecidos, torturados y mujeres violadas.
La acción judicial fue impulsada por 30 sobrevivientes y familiares de las víctimas, representados por el abogado y exsenador Pedro Santacruz, quien sostuvo que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles conforme al derecho internacional.
La denuncia apunta a la responsabilidad de la estructura represiva del régimen de Alfredo Stroessner, integrada por militares, policías y dirigentes del Partido Colorado que ejecutaron una persecución sistemática contra las Ligas Agrarias Cristianas, organización campesina que luchaba por el acceso a la tierra y los derechos de las comunidades rurales.
El origen del conflicto
El caso se remonta a 1972, cuando unas 50 familias campesinas provenientes del departamento de Misiones fueron asentadas legalmente en tierras de Acaraymí, distrito de Hernandarias, por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR).
Sin embargo, dos años después comenzaron las presiones para desalojarlas, ya que las propiedades eran reclamadas por el general Milciades Ramos Giménez.
Desde entonces, la comunidad fue sometida a un constante hostigamiento por parte de militares y policías, que realizaron amenazas, detenciones arbitrarias, destrucción de viviendas, cultivos y caminos, además de intimidaciones permanentes para expulsar a las familias.
La cacería de 1980
El 7 de marzo de 1980, veinte integrantes de las Ligas Agrarias viajaban rumbo a Asunción para denunciar la persecución ante las autoridades del IBR.
El ómnibus en que se desplazaban fue interceptado por un retén policial en Caaguazú y comenzó una persecución con disparos de armas de fuego.
Los campesinos huyeron hacia un monte cercano, pero dos días después fueron localizados mediante un operativo conjunto de militares y policías.
A partir de ese momento se desató una violenta represión caracterizada por detenciones ilegales, torturas, mutilaciones, violaciones sexuales, asesinatos y desapariciones forzadas. Diez personas murieron y varios de sus cuerpos continúan desaparecidos.
Pese a la gravedad de los hechos, el caso nunca fue esclarecido judicialmente y ningún responsable fue condenado.
Los denunciantes sostienen que el Estado paraguayo mantiene una deuda histórica con las víctimas y reclaman una investigación seria que permita identificar a todos los responsables, sancionar a los autores materiales e intelectuales y avanzar en la reparación integral de quienes padecieron uno de los capítulos más crueles de la represión durante la dictadura.