El desafío de cambiar Paraguay V - La juventud paraguaya tiene la mayoría para tumbar la corrupción

Paraguay enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: superar una cultura política profundamente marcada por el clientelismo, la corrupción, el abuso del poder y la utilización de las instituciones públicas como instrumentos de beneficio personal y partidario.

Sin embargo, este desafío no se resolverá simplemente sustituyendo a los dirigentes tradicionales por figuras más jóvenes, con discursos modernos, campañas atractivas y promesas de renovación.

Ser joven no significa necesariamente ser honesto, como tampoco pertenecer a una generación anterior convierte automáticamente a una persona en corrupta. La honestidad no tiene edad, la corrupción tampoco.

La juventud es una condición generacional, no una virtud moral ni una garantía de buena administración. La verdadera renovación política exige mucho más que cambiar nombres, rostros, colores partidarios y eslóganes. Exige modificar profundamente la manera de ejercer el poder, administrar los recursos públicos, respetar las instituciones y relacionarse con la ciudadanía.

Durante décadas, el pueblo paraguayo ha escuchado promesas de transformación que, una vez conquistado el poder, terminaron reproduciendo los mismos mecanismos de privilegio, dependencia política y concentración de decisiones.

Lo preocupante es que algunos dirigentes de las nuevas generaciones parecen haber aprendido con mayor rapidez las prácticas cuestionables de la vieja política que los principios necesarios para superarlas.

El problema no es solamente quién llega al poder, sino qué hace con él, a quién beneficia y qué intereses termina defendiendo.

La transformación de un país no puede medirse por la popularidad de sus gobernantes, la cantidad de seguidores en las redes sociales, la espectacularidad de sus campañas o la capacidad de movilizar multitudes. Debe medirse en hospitales que atienden dignamente, escuelas que educan, caminos transitables, servicios básicos accesibles, empleos decentes y administraciones transparentes que rindan cuentas de cada guaraní utilizado.

Los niños, adolescentes y jóvenes paraguayos no pueden continuar pagando el precio de una política que consume los recursos del presente para financiar sus estructuras de poder y garantizar la supervivencia de sus dirigentes.

Santiago Peña y las contradicciones de una nueva generación gobernante

El presidente Santiago Peña representa una generación relativamente joven dentro de la dirigencia política nacional. Su formación académica, trayectoria económica y discurso de modernización podrían asociarse con una nueva manera de administrar el Estado.

Sin embargo, su juventud y preparación profesional no lo eximen del escrutinio público ni de responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio, sus intereses económicos y las relaciones entre el poder político y el financiero.

Las controversias relacionadas con eventuales conflictos de intereses en el ámbito bancario plantean interrogantes que merecen respuestas documentadas, investigaciones independientes y absoluta transparencia.

En particular, cualquier señalamiento sobre participaciones accionarias, relaciones patrimoniales o vínculos económicos entre autoridades políticas y responsables de organismos reguladores debe examinarse con rigor, sin convertir sospechas en culpabilidades anticipadas.

La independencia del Banco Central del Paraguay, la prevención de conflictos de intereses y la separación entre los negocios privados y las decisiones públicas son condiciones fundamentales para preservar la confianza en las instituciones.

El problema de fondo aparece cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger el interés general se encuentran bajo cuestionamientos que podrían comprometer la confianza pública en su independencia.

La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo evolucionan los patrimonios de sus gobernantes, cuáles son sus intereses económicos y qué mecanismos existen para impedir que las decisiones del Estado favorezcan intereses particulares.

Un presidente joven no representa necesariamente una nueva política si las prácticas de su gobierno no demuestran una ruptura efectiva con los privilegios tradicionales.

Miguel Prieto: ¿renovación democrática o continuidad de las viejas prácticas?

Ciudad del Este constituye uno de los escenarios más significativos para examinar las contradicciones entre el discurso renovador y el ejercicio real del poder.

Miguel Prieto construyó buena parte de su liderazgo político presentándose como una alternativa frente a las prácticas atribuidas a las anteriores administraciones municipales, particularmente las identificadas con el denominado clan Zacarías.

Su ascenso despertó expectativas de transformación, transparencia y ruptura con estructuras políticas que habían concentrado el poder municipal durante años.

Sin embargo, su paso por la Intendencia quedó marcado por numerosas denuncias, investigaciones fiscales, imputaciones y acusaciones vinculadas con presuntas irregularidades administrativas y perjuicios patrimoniales a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Entre los procesos relevantes se encuentran investigaciones sobre adquisiciones de alimentos durante la pandemia, operaciones comerciales cuestionadas y la utilización de recursos destinados a obras del Hospital Regional.

Algunas de estas causas han avanzado hacia instancias de juicio oral y público, mientras otras han seguido los procedimientos judiciales correspondientes. La existencia de una acusación no equivale a una condena, y corresponde respetar la presunción de inocencia de todos los involucrados.

Pero existe una cuestión política que trasciende la determinación de responsabilidades penales: ¿puede un proyecto presentarse como símbolo de renovación mientras enfrenta cuestionamientos de semejante magnitud sobre su administración de los recursos públicos?

La respuesta no puede depender de la simpatía personal, la identificación partidaria o la popularidad del dirigente.

Quienes prometieron combatir la corrupción deben aceptar que sus actuaciones sean examinadas con el mismo rigor que exigieron para sus adversarios.

No sería coherente condenar las irregularidades de las administraciones anteriores y justificar, minimizar o descalificar automáticamente las denuncias cuando estas alcanzan a dirigentes del propio movimiento.

La transparencia no puede ser selectiva. La honestidad tampoco.

Del clan Zacarías a los nuevos liderazgos: ¿cambio de sistema o sustitución de hegemonías?

Uno de los mayores desafíos democráticos de Ciudad del Este consiste en determinar si la alternancia política produjo una transformación profunda de las estructuras municipales o si solamente modificó la identidad de quienes ejercen el poder.

Durante años, las administraciones identificadas con el clan Zacarías fueron objeto de cuestionamientos por la concentración del poder, el clientelismo y la utilización política de la estructura municipal.

La llegada de Miguel Prieto y su movimiento Yo Creo representó para numerosos ciudadanos la posibilidad de romper con aquel modelo.

Sin embargo, una verdadera transformación no puede limitarse a desplazar a una dirigencia para instalar otra que concentre las decisiones, distribuya cargos entre sus allegados o reproduzca mecanismos de dependencia política.

La tragedia de una renovación frustrada comienza cuando quienes prometieron terminar con los privilegios de sus antecesores descubren que también pueden beneficiarse de ellos.

Por eso, resulta indispensable examinar las estructuras administrativas, los mecanismos de contratación, la distribución de responsabilidades y la autonomía de los sectores que acompañan a los nuevos liderazgos.

Una organización política no se convierte automáticamente en democrática por haber derrotado electoralmente a otra. Su carácter democrático debe demostrarse mediante reglas transparentes, participación pluralista, respeto a las discrepancias y distribución equilibrada del poder.

Cuando todas las decisiones dependen de una conducción personalista, los aliados pierden autonomía y las diferencias se resuelven mediante negociaciones por espacios de poder, surge una pregunta inevitable: ¿estamos construyendo una alternativa democrática o simplemente reemplazando una hegemonía por otra?

Esta reflexión adquiere particular importancia en Ciudad del Este, por su peso político, económico y estratégico, así como por la influencia que las grandes instituciones públicas, incluida Itaipu Binacional, ejercen sobre la realidad regional.

El desafío consiste en impedir que las instituciones se conviertan en instrumentos de consolidación de proyectos personales o partidarios.

Cambiar de partido gobernante no significa necesariamente cambiar de sistema. Y sustituir una estructura dominante por otra no constituye, por sí mismo, una conquista democrática.

El planillerismo y la reproducción de los privilegios

Otro aspecto fundamental del debate es la estructura administrativa que permanece en las instituciones públicas después de cada cambio de gobierno.

En Ciudad del Este, la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión cuántos asesores, directores, funcionarios y contratados integran la nómina municipal; cuáles son sus remuneraciones; qué funciones desempeñan y qué resultados justifican los recursos destinados a sostenerlos.

Los cuestionamientos sobre presuntos funcionarios que perciben salarios sin cumplir funciones efectivas, así como las controversias por remuneraciones elevadas y cargos de confianza, deben ser examinados mediante auditorías, registros de asistencia y evaluaciones objetivas del trabajo realizado.

No basta con cambiar al intendente si permanece intacto un sistema de privilegios financiado con el dinero de los contribuyentes.

Si el planillerismo era condenable durante las administraciones anteriores, también debe serlo bajo cualquier gobierno que se proclame renovador.

Cada salario público injustificado representa recursos que podrían destinarse a medicamentos, mantenimiento de escuelas, mejoramiento de calles, saneamiento, asistencia social o servicios esenciales para los barrios más necesitados.

La corrupción y el clientelismo no producen únicamente pérdidas económicas. También deterioran la calidad de los servicios, desmoralizan a los funcionarios honestos y profundizan la desigualdad entre quienes viven de su trabajo y quienes obtienen privilegios por su cercanía con el poder.

Cuando el acceso al empleo, la continuidad laboral o las oportunidades de ascenso dependen de la fidelidad a un dirigente, el Estado deja de funcionar plenamente como servidor de la ciudadanía y comienza a convertirse en instrumento de subordinación política.

Esta realidad perjudica especialmente a los trabajadores contratados bajo condiciones precarias, que pueden verse presionados a demostrar lealtades partidarias para conservar sus fuentes de ingreso.

La renovación política también debe significar dignidad laboral, estabilidad basada en criterios legales, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de los trabajadores públicos.

La expansión del poder y los costos de la propaganda política

La política paraguaya también necesita discutir el crecimiento de los liderazgos personalistas que, después de conquistar una institución, buscan extender su influencia a otros municipios, departamentos y finalmente a todo el territorio nacional.

La aspiración de construir un proyecto político nacional es legítima. Lo cuestionable sería utilizar recursos públicos, estructuras administrativas, personal contratado o ventajas derivadas de los cargos institucionales para financiar esa expansión.

Los constantes desplazamientos, las campañas permanentes, la promoción mediática y las grandes estructuras de operadores políticos merecen un examen ciudadano cuando existen dudas sobre el origen de los recursos que las sostienen.

¿Quién financia las actividades políticas? ¿De dónde provienen los fondos utilizados en viajes, movilizaciones, propaganda y organización territorial? ¿Existe una separación verificable entre los recursos partidarios y los de las instituciones públicas?

Estas preguntas deben formularse a todos los sectores, sin excepciones.

El dinero público pertenece al pueblo paraguayo, no a los dirigentes que temporalmente administran las instituciones.

Una democracia no puede aceptar que la administración del Estado se convierta en plataforma de enriquecimiento particular, mecanismo de financiamiento político o instrumento para construir nuevas hegemonías personales.

El liderazgo auténtico no se demuestra acumulando poder, sino estableciendo límites a su utilización.