Cartistas regalan energía y abandonan al pueblo

Organizaciones sociales que impulsan las campañas “Itaipú Causa Nacional” e “Itaipú es también soberanía/PPP” lanzaron una dura acusación contra el Gobierno de Santiago Peña, al denunciar que la administración cartista favorece con energía a bajo costo a empresas criptomineras, mientras mantiene congelada en el Congreso la iniciativa ciudadana para ampliar la tarifa social de electricidad.

Los colectivos calificaron la política energética como un acto de “entreguismo” en beneficio de empresas transnacionales que, según sostienen, consumen enormes cantidades de energía, generan escaso empleo y reciben condiciones privilegiadas, en detrimento de miles de familias paraguayas que enfrentan dificultades para pagar el servicio eléctrico.

La iniciativa popular para ampliar la tarifa social reunió más de 48.000 firmas, fue validada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y remitida al Senado en abril de 2025. Sin embargo, denuncian que el proyecto permanece prácticamente archivado, tras ser enviado a nueve comisiones, de las cuales solo una emitió dictamen favorable.

En contraste, las organizaciones afirman que el Gobierno avanzó con rapidez en acuerdos para suministrar energía a criptomineras y grandes centros de datos. Según el comunicado, la ANDE vende electricidad a estas empresas a 44,3 dólares por MWh, una tarifa que consideran inferior al valor de exportación de la energía al Brasil y que, incluso, no cubriría los costos reales de generación, transmisión y operación.

Ingenieros que integran la campaña estiman que esta política representa un perjuicio anual de 322 millones de dólares, monto que califican como un subsidio encubierto a las criptomineras. Los cálculos ya fueron presentados ante la Contraloría General de la República para su análisis.

Las organizaciones también cuestionaron el memorando de entendimiento suscrito con Taiwán, mediante el cual se proyecta destinar 1.000 MW de potencia para una gran infraestructura vinculada a inteligencia artificial. A su criterio, esta decisión implica continuar entregando energía estratégica del país en condiciones desfavorables para el interés nacional.

Concretamente, los colectivos sostienen que mientras el Gobierno prioriza beneficios para grandes consumidores de energía, miles de usuarios vulnerables, adultos mayores, comunidades indígenas y pequeñas empresas siguen enfrentando tarifas elevadas y sin respuestas concretas a sus reclamos, pese a la amplia movilización ciudadana que respalda la ampliación de la tarifa social.