El desafío de cambiar Paraguay III - El pueblo debe oponerse a las nuevas hegemonías partidarias y defender la dignidad humana

La denominada “inclusión perversa” en el mercado laboral, tanto público como privado, convierte la necesidad de miles de paraguayos y paraguayas de conseguir un empleo en un mecanismo de sometimiento y dependencia. Lo que debería ser una vía de dignificación humana termina, con demasiada frecuencia, en precariedad, discriminación, abusos y maltrato.

Tener trabajo no siempre significa tener derechos; en muchos casos, significa aceptar condiciones injustas por temor a perder el único ingreso familiar en un Paraguay ajeno a las políticas públicas de empleo, salud y educación de calidad.

En el sector público persiste el clientelismo político, sostenido mediante contratos precarios, salarios condicionados y renovaciones que pueden depender más de las coyunturas electorales que de la capacidad profesional.

En el sector privado, numerosos trabajadores enfrentan incumplimientos de derechos laborales, mientras la debilidad de los controles y la insuficiente protección institucional agravan su vulnerabilidad. En ambos escenarios, la necesidad económica reduce la libertad de reclamar y convierte el silencio en una estrategia de supervivencia.

Esta realidad alimenta nuevas hegemonías partidarias que no necesariamente transforman las viejas prácticas: las reproducen bajo otros nombres, con nuevos protagonistas y discursos de renovación. Cuando el empleo se utiliza para cultivar lealtades, el trabajador deja de ser reconocido como sujeto de derechos y pasa a ser tratado como un recurso electoral. Así se debilita la autonomía ciudadana, se distorsiona la competencia política y se perpetúa un sistema en el que el acceso a las oportunidades depende de las conexiones partidarias antes que de los méritos.

En Ciudad del Este, esta discusión adquiere una dimensión concreta al analizar la construcción de la hegemonía política vinculada al movimiento liderado por Miguel Prieto. Su ascenso instaló una nueva fuerza en el escenario municipal, con un discurso de renovación que debe evaluarse no solo por sus diferencias con los sectores tradicionales, sino también por sus prácticas de ejercicio del poder.

La pregunta de fondo es si esa renovación consiguió modificar las relaciones de dependencia política o si terminó reproduciendo mecanismos de concentración de decisiones, subordinación de aliados y construcción de lealtades alrededor de una conducción central. Cambiar de protagonistas no significa necesariamente cambiar las reglas del poder.

La Municipalidad de Ciudad del Este constituye, por tanto, un espacio fundamental para examinar la relación entre administración pública, empleo y hegemonía partidaria. Los nombramientos, contratos, remuneraciones, ascensos y eventuales vínculos entre funciones institucionales y proyectos electorales deben estar sujetos a criterios verificables de mérito, legalidad y transparencia.

No corresponde dar por probada una utilización partidaria de los recursos humanos sin evidencias concretas, pero tampoco puede considerarse suficiente un discurso de renovación si no existen mecanismos efectivos para prevenir el clientelismo, garantizar la independencia de los funcionarios y rendir cuentas ante la ciudadanía.

Una mirada similar merece Itaipu Binacional, una institución estratégica por sus recursos, su capacidad de inversión y su influencia económica y social en la región. Su dimensión y su importancia pública exigen estándares rigurosos de transparencia en la contratación de personal, la asignación de oportunidades, los programas sociales y las decisiones de inversión.

Cuando el acceso a empleos, beneficios o espacios de influencia se percibe como dependiente de intermediaciones políticas, se erosiona la confianza pública y se instala una desigualdad entre quienes cuentan con “padrinos” y quienes solamente tienen capacidad y necesidad de trabajar. El desafío es que los recursos y las oportunidades vinculados a Itaipú respondan al interés colectivo y no a la reproducción de estructuras de poder.

La denominada inclusión también convive con estructuras de privilegio en la función pública: nepotismo, planillerismo, asesores con remuneraciones difíciles de justificar, cargos jerárquicos y funcionarios que utilizan su posición institucional como plataforma para acceder a candidaturas y espacios de poder.

Mientras unos pocos acumulan ventajas, miles de trabajadores sostienen las instituciones con recursos limitados, incertidumbre laboral y escaso reconocimiento. Tanto la Municipalidad de Ciudad del Este como Itaipu y otras instituciones estatales deben ser examinadas bajo la misma exigencia de transparencia, igualdad de oportunidades y rendición de cuentas.

Las denuncias sobre prebendas, acuerdos de conveniencia o imposiciones de candidaturas requieren pruebas concretas y responsabilidades individualizadas. Pero existe un principio democrático que no admite ambigüedades: los cargos públicos no pueden convertirse en moneda de cambio, ni la participación política reducirse a obedecer a un jefe.

En definitiva, es determinante que una candidatura no demuestra renovación por la edad de sus protagonistas ni por el cambio de siglas; la demuestra por sus prácticas, su independencia, su conducta ética y su compromiso con el interés colectivo.

La misma exigencia debe aplicarse al empleo público. Los trabajadores necesitan estabilidad conforme a la ley, remuneraciones justificadas, protección social y condiciones laborales dignas. Los nombramientos, contratos y salarios deben responder a criterios objetivos, transparentes y verificables, no a la cercanía con quienes administran el poder.

Toda diferencia salarial significativa debe poder explicarse por las funciones, las responsabilidades y las normas aplicables. No puede haber instituciones eficientes cuando el mérito compite en desventaja con el parentesco, la obediencia y la militancia.

El Estado no puede funcionar como una agencia de colocaciones para premiar lealtades mientras las escuelas reclaman recursos, los hospitales enfrentan carencias, las calles esperan soluciones y los ciudadanos soportan servicios deficientes.

Cada privilegio injustificado tiene un costo público: recursos que dejan de destinarse a necesidades colectivas, confianza que se pierde y oportunidades que se cierran para quienes no tienen padrinos políticos. El problema no es solamente administrativo; es estructural, porque convierte el presupuesto público en un instrumento de reproducción del poder.