Las cacerolas suenan como voz de indignación contra Santiago Peña

Las cacerolas volvieron a sonar frente a la residencia presidencial. No fue una protesta por un reclamo aislado, sino la expresión de sectores que aseguran sentirse golpeados por el costo de vida, la precarización laboral, las carencias en salud y educación y la falta de respuestas a demandas sociales que, según los manifestantes, siguen acumulándose bajo el Gobierno de Santiago Peña.

La movilización, encabezada por la Corriente Clasista Combativa, se desarrolló bajo vigilancia de las fuerzas públicas y tuvo como eje un cuestionamiento directo al rumbo del Gobierno, a pocos días de cumplirse tres años de la administración de Peña.

Uno de los principales focos de indignación fue el Instituto de Previsión Social (IPS). Los trabajadores denunciaron salarios indignos y precarización del personal de enfermería. El reclamo encuentra eco en denuncias recientes de trabajadoras del IPS, quienes señalaron que más de 3.000 enfermeras no tienen la categoría salarial que corresponde y que algunas llevan hasta 15 años sin reajuste.

Salud pública: entre anuncios y carencias

La protesta también puso en cuestión el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los pacientes. Aunque el Gobierno destaca inversiones superiores a US$ 500 millones en infraestructura y salud, persisten denuncias por falta de medicamentos, insumos, especialistas y personal. Incluso el propio Peña reconoció que la salud continúa siendo una de las grandes materias pendientes de su administración.

En el IPS, la crisis de recursos humanos se profundizó al punto de que las autoridades admitieron dificultades para retener médicos y enfermeras debido a los bajos salarios y las condiciones laborales.

Salario que no alcanza y costo de vida que aprieta

Otro de los reclamos centrales fue económico. “El salario no alcanza” y el costo de vida aumenta mientras miles de trabajadores enfrentan dificultades para cubrir alimentación, vivienda, transporte y servicios básicos.

La protesta cuestionó así la distancia entre los indicadores macroeconómicos exhibidos por el Gobierno y la percepción de amplios sectores que no sienten que el crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida.

Educación: escuelas deterioradas y jóvenes sin oportunidades

En educación, los manifestantes denunciaron escuelas que literalmente “se caen a pedazos”, además de dificultades para acceder a una formación de calidad.

Las críticas no son nuevas. Tras el último informe presidencial, sectores docentes cuestionaron la distancia entre el relato oficial y las condiciones reales del sistema educativo, señalando deficiencias en infraestructura, gratuidad educativa y programas como Hambre Cero.

Trabajo, organización sindical y protesta

La movilización también denunció precarización laboral, restricciones a la libertad sindical, amenazas al contrato colectivo y criminalización de la protesta social.

Para los dirigentes, el modelo económico impulsado por Peña no puede medirse únicamente por crecimiento, inversión o cifras de empleo, sino por la capacidad del Estado de garantizar derechos laborales y salarios dignos.

Deuda, gasto público y cuestionamientos económicos

Otro punto que alimenta el malestar es la situación de las cuentas públicas. El propio Ministerio de Economía reportó un déficit fiscal de 0,9% del PIB al cierre de mayo de 2026, mientras el Gobierno trabaja en un plan para honrar compromisos pendientes con proveedores del Estado.

Críticos del Ejecutivo también cuestionaron que, pese al crecimiento económico, el Estado haya acumulado importantes deudas con proveedores y contratistas.

Jubilaciones, IPS y temor sobre los fondos de los trabajadores

La administración Peña también arrastra controversias en torno a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y el manejo de los fondos previsionales. La creación de la Superintendencia, establecida mediante la Ley 7235/2023, generó fuertes cuestionamientos políticos y sociales sobre el control y la seguridad de los fondos de los trabajadores. El Ejecutivo designó a la primera superintendenta en diciembre de 2025.

A esto se sumaron cuestionamientos sobre inversiones de fondos del IPS en entidades financieras vinculadas a personas que tuvieron relaciones comerciales con el presidente, un asunto que motivó pedidos de informes en el Congreso.

“Pueblo sin tierra, techo, educación ni trabajo”

Con consignas como “el pueblo sin salud”, “el salario no alcanza”, “pueblo sin tierra, educación, techo ni trabajo” y “nos roban nuestros derechos”, los manifestantes intentaron convertir el cacerolazo en una fotografía de las demandas sociales que, según sostienen, el Gobierno todavía no consigue resolver.

También alertaron sobre un supuesto retroceso de las libertades públicas y la democracia, cuestionando la respuesta estatal ante las movilizaciones y reclamos ciudadanos.

El Gobierno, por su parte, exhibe como contracara cifras de crecimiento económico, reducción de la pobreza, generación de empleo, inversión en infraestructura y ampliación de programas sociales. El propio Peña reconoció en su último informe que los avances alcanzados “no son suficientes” y admitió que todavía queda mucho por hacer en salud, educación, medicamentos y obras.

Pero frente a Mburuvicha Róga, este viernes, las cacerolas pusieron sobre la mesa otra versión de los tres años de Gobierno: la de quienes sienten que el crecimiento todavía no llegó a sus bolsillos, que la salud continúa siendo un calvario, que la educación sigue arrastrando déficits y que los derechos laborales están bajo presión.

La Corriente Clasista Combativa anunció que continuará movilizándose hasta obtener respuestas concretas. El ruido de las cacerolas, más que un simple acto de protesta, busca instalar una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿de qué sirve el crecimiento económico si una parte de la población sigue sintiendo que no puede vivir dignamente?