Landy Torres y los G. 287.695 millones de Hambre Cero: ¿cuánto llega a las familias más necesitadas de Alto Paraná?

La administración de los recursos públicos vuelve a poner bajo la lupa a las gobernaciones coloradas agrupadas en el denominado G15. Un informe revela que estas administraciones recibieron G. 1,6 billones entre enero y agosto de 2026, principalmente a través del programa Hambre Cero.

En ese escenario, Alto Paraná aparece en el primer lugar entre los departamentos con mayores transferencias, con G. 287.695 millones durante los primeros ocho meses del año. La cifra sitúa a la gobernación encabezada por César “Landy” Torres entre las administraciones que manejan los mayores volúmenes de recursos públicos del país.

El dato adquiere especial relevancia frente a la realidad social del décimo departamento, donde las necesidades de numerosas familias siguen planteando desafíos en materia de alimentación, salud, educación, empleo, infraestructura y servicios básicos. La magnitud de los fondos obliga a plantear una pregunta central: ¿en qué medida estos recursos se traducen en mejoras concretas para la población?

Si embargo, como otras autoridades en función gubernamental, Torres ocupa el mayor tiempo en campaña electoral, moviendo estructuras y recursos para potenciar su liderazgo entre intendentes colorados.

Hambre cero para quién, quiénes…Cuándo alcanzará a los pueblos originarios despojados de todo?

Hambre Cero: un billón de guaraníes bajo la lupa

El programa Hambre Cero fue concebido para garantizar la alimentación de estudiantes en las instituciones educativas. Su importancia social es indiscutible, pero también lo es la obligación de transparentar cada guaraní destinado a ese objetivo.

De acuerdo a las fuentes, las gobernaciones recibieron G. 1.121.051 millones para financiar Hambre Cero hasta agosto. De ese total, G. 882.991 millones provinieron de recursos ordinarios del Tesoro, equivalentes al 78,8%.

Se trata de un volumen extraordinario de dinero público cuya administración exige controles rigurosos, información accesible y resultados verificables. No basta con anunciar la distribución de alimentos: también corresponde conocer la calidad de las raciones, el cumplimiento de los contratos, los pagos realizados a los proveedores, la cobertura efectiva y los mecanismos de fiscalización.

En Alto Paraná, donde la gobernación figura entre las principales receptoras de transferencias, el seguimiento de esos indicadores resulta fundamental para determinar si el volumen de recursos se corresponde con las necesidades de los estudiantes y sus comunidades.

Ningún concejal departamental de la oposición se ha pronunciado sobre los contrastes, entretanto, Torres oficiaba de jefe de campaña del candidato colorado para la intendencia de Ciudad del Este. 

La contradicción entre los millones y las necesidades de la población

La discusión no consiste únicamente en cuánto dinero recibe una gobernación, sino en qué resultados produce con esos fondos. Las transferencias presupuestarias, por sí solas, no demuestran una gestión eficiente ni garantizan que los beneficios lleguen oportunamente a sus destinatarios.

En un departamento de gran actividad comercial y económica como Alto Paraná, las desigualdades sociales, las dificultades de acceso a servicios y las demandas de los sectores más vulnerables merecen una respuesta pública proporcional a los recursos disponibles.

Por eso, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se ejecutó efectivamente, cuánto llegó a las escuelas, qué empresas fueron contratadas, qué montos cobraron y qué mecanismos se utilizaron para comprobar la calidad de los servicios prestados.

La transparencia es todavía más importante cuando se trata de un programa dirigido a niños y adolescentes. Los fondos de la alimentación escolar no deberían convertirse en una cifra de disputa entre sectores políticos, sino en una herramienta cuyos resultados puedan ser comprobados por las familias, los docentes y la sociedad.

El G15: recursos públicos y poder político

El informe periodístico también plantea una dimensión política. El G15 no solo reúne a gobernadores colorados que administran importantes transferencias estatales; también se ha convertido en un bloque con capacidad de negociación dentro del oficialismo, en un escenario marcado por las disputas de cara a las elecciones de 2028.

La coincidencia entre la administración de grandes presupuestos y la creciente gravitación política de los gobernadores vuelve indispensable una separación clara entre gestión institucional e intereses partidarios.

Los recursos públicos tienen una finalidad legal y social determinada. Por ello, resulta necesario que su utilización esté acompañada de rendición de cuentas, fiscalización independiente y evaluaciones que permitan distinguir los resultados de la gestión de cualquier beneficio político que pudiera derivarse de ella.

En el caso de Alto Paraná, la discusión no debe resolverse mediante acusaciones sin pruebas ni con defensas políticas automáticas. Debe abordarse con documentos, contratos, registros de pagos, auditorías e indicadores de cumplimiento.

La pregunta que debe responder la Gobernación

Con G. 287.695 millones en transferencias acumuladas hasta agosto, Alto Paraná dispone de una cifra que exige una explicación pública detallada sobre su utilización y sus resultados.

¿Cuánto de ese dinero se destinó a Hambre Cero? ¿Cuánto se ejecutó efectivamente? ¿Qué proveedores recibieron los pagos? ¿Qué controles se realizaron sobre las raciones alimentarias y qué resultados concretos se obtuvieron en las instituciones educativas?

Responder estas preguntas no constituye un ataque político contra el gobernador Landy Torres. Es una exigencia legítima de transparencia sobre recursos que pertenecen a la ciudadanía.

Cuando se administran fondos destinados a combatir el hambre, la evaluación definitiva no debería medirse por el tamaño de las transferencias ni por la capacidad de negociación de los gobernadores, sino por la calidad de los alimentos, el cumplimiento de los contratos y las mejoras comprobables en la vida de los estudiantes.

Porque el verdadero desafío de Hambre Cero no es mover miles de millones de guaraníes, sino garantizar que cada recurso público cumpla su finalidad social.

Obs: la Gobernación del departamento Central quedó excluida de la administración del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), creado por la Ley N.º 7264/2024, más conocido como el Programa Hambre Cero.

Mientras tanto, César Sosa, gobernador de Caazapá, se pasea por todo el país en su helicóptero particular e incluso lo utiliza para ir al supermercado, según denuncias.

Fuente: UH